En estos días de incontinencia normativa del Ejecutivo, queremos volver sobre una norma publicada hace unas semanas, el D.S. N° 003-2008-TR –cuya sumilla reza: Dictan medidas sobre jornadas máximas de modalidades formativas reguladas por la Ley N° 28518 así como de las prácticas pre-profesionales de Derecho y de internado en Ciencias de la Salud.
No, esta vez no nos dijeron que era por el TLC con los gringos, sino para que “los internos, los practicantes jurídicos, los practicantes contables, los practicantes dentro del Estado, [tengan] derechos, [queden] liberados de la esclavitud”.
Hasta ahí todo muy bonito con la proclama que Alan lanzara sintiéndose, quizás por unos pocos segundos, un émulo de San Martín o Bolívar. Ya no lo estuvo tanto leer el verbo hecho norma, pues, como han cuestionado importantes laboralistas (Neves y, desde su pro empresadurismo(?), Morales), ésta no necesariamente pinta un mejor escenario para los sufridos practicantes.
Lo que sí nos parece el acabose(?) es que ahora nos venimos a enterar que la norma no estaría motivada en el interés público de subsanar una situación de injusticia que afecta a la generalidad de internos, pasantes, auxiliares, asistentes, padawans, practicesclavos y demás chulis, sino en la(s) niña(s) de los ojos de nuestro Presidente: Gabriela García Nores (interna del Arzobispo Loayza) y, tal vez, Luciana García Nores (practicante del Estudio Muñiz/INDECOPI(?)). Sólo así se entendería la “… demasiada preocupación por las prácticas que realizan los alumnos de Derecho y Ciencias de la Salud” (Toyama) que exhibe la norma.
Lamentablemente, esta forma de legislar, nos llevará a desear a los peruanos que la panaca real siga creciendo y que la prole siga cayendo en problemas comunes para el resto de peruanos.
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