Reflexiones sobre la “Ley del Retorno”

En este momento uno de los temas de moda es la polémica surgida en torno a la “Ley del Retorno”. El objetivo de dicha ley es expulsar o “hacer regresar” a las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en el viejo Continente. Según algunos estimados, esta ley afectaría a un millón 800 mil latinoamericanos que viven en Europa, de los cuales 200 mil son peruanos.

Su justificación no parece ser económica. Así, según señalan diversos especialistas, el desarrollo económico europeo se ha venido sosteniendo en el trabajo de los inmigrantes (los Ecuatorianos en España y los turcos en Alemania, son un buen ejemplo). Más bien, parece ser basarse esencialmente en el principio de nacionalidad o protección de las culturas nacionales.

Así, cuando una “cultura” se siente amenazada por otra busca autoprotegerse de la “amenaza” y normalmente, el primero que salta en la pelea es la justificación en la protección de los valores comunitarios o culturales. Es el bienestar de la cultura o de la comunidad europea frente a la amenaza que representan sus visitantes indeseados. Al parecer, la defensa de los intereses y derechos nacionales o, en este caso, comunitarios sigue siendo tan o más importante que la defensa de los derechos humanos individuales y universales, al momento de tomar decisiones en el Parlamento Europeo.

Los presidentes latinoamericanos han condenado en todos los medios posibles la “ley del Retorno” porque esta ley constituye una grave vulneración a los derechos humanos al afectar la dignidad, la libertad, la propiedad, la unidad familiar e incluso la seguridad de tales personas, y promueve inaceptables prácticas de detención en los Estados miembros de la Unión Europea, al establecer el internamiento en centros especializados o penitenciarios de los ilegales incluyendo a sus familiares y menores de edad ([1]).

Y pensar que el causante de todo este problema parece ser una palabra, un solo concepto: “la frontera”. Es decir, lo que separa a los de adentro de una comunidad de los que están afuera. De “nosotros” y los “otros”. De los que se quedan y de los que se van. En resumen, separa a los que tienen derechos de los que no los tienen.

Por ello, actualmente la determinación de cuándo una sociedad es justa no puede hacerse prescindiendo de los criterios en base a los cuales determinamos qué personas pertenecen a ella, con qué criterios abrimos y cerramos nuestras fronteras y cuál es la extensión y ubicación que den tener las mismas ([2]).

Sin embargo, a pesar de que la ley del retorno ejemplifica una barrera más para alcanzar el ideal liberal de un mundo guiado por los principios de la justicia e igualdad, concretados en la protección de los derechos humanos universales, la discusión en torno a la existencia y determinación de las fronteras sigue siendo un tema tabú entre los defensores de los derechos humanos y, en especial, en la discusión a nivel político.

A veces, parece que damos respuestas automáticas y oportunistas en torno a los problemas que se nos presentan. Claro, la protección de los derechos humanos puede justificarlo todo. Pero, si respondemos sin reflexionar, más parece una reacción populista como “compre producto peruano”, “Wong es peruano” o “la Ley del Retorno afecta los derecho humanos” que solo busca congraciarse con el pueblo, más que un ataque o una reflexión directa sobre la raíz del problema: las fronteras y su papel para alcanzar una sociedad justa.

[1] Por supuesto, la reflexión sobre porqué se fueron o se van esos latinoamericanos, no ha sido mencionada por nuestro Presidente. Seguro, la mencionará en su discurso por 28 de julio (independencia del Perú) ya que ese es el día en que se acuerda que la política debe basarse en principios de justicia y no en principios de oportunidad.

[2] KYMLICKA, Will. “Fronteras Territoriales”. Mínima Trotta. Año 2006. p. 31.